Taller Trinacional de Expertos Gubernamentales sobre el Papel de las Autoridades del Trabajo en la Promoción Efectiva de la Seguridad e Higiene en las Minas en América del Norte

"Taller Trinacional de Expertos Gubernamentales sobre el Papel de las Autoridades del Trabajo en la Promoción Efectiva de la Seguridad e Higiene en las Minas en América del Norte”

En febrero de 2007, a propuesta de México, el Consejo de Ministros del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), a través de su Consejo de Representantes, instruyó al Secretariado de la Comisión para la Cooperación Laboral al igual que a las Oficinas Administrativas Nacionales, el organizar una actividad de cooperación sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Minería de América del Norte.

La minería es uno de los principales sectores industriales en México, Canadá y Estados Unidos.

Por ejemplo, en 2006, más de 200 compañías dentro del sector minero de México estuvieron involucradas en más de 400 proyectos por todo el país. El valor de la producción total fue de US$6.92 miles de millones, lo que contribuyó 1.6% al PIB del país. En Canadá, durante ese mismo año, hubo casi 200 minas de metales, no metálicas, incluyendo turbera y minas de carbón; 3,000 minas de piedra de cantera, de arena/grava, y 50 fundidoras, refinerías y molinos de materiales no ferrosos y acero. La industria minera contribuyó US$40 mil millones de dólares a la economía canadiense, lo que representa el 3.7% del PIB. En los Estados Unidos, la industria minera contribuyo $256 mil millones de dólares a la economía, un incremento del 10% con respecto a su contribución del año anterior, la cual representa el 1.9% del PIB.

La actividad minera es una principal fuente de empleo para los países de América del Norte. En México el número de personas empleadas en la industria minera y metalúrgica creció a 279,000 trabajadores en 2006. Esta cifra representa aproximadamente el 2% del total de los trabajadores inscritos y asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel nacional. Es importante resaltar que 24, de los 31 estados de México, cuentan con una actividad minera muy activa. Sin embargo, en 5 estados (Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y San Luís Potosí) se concentra más del 60% de la producción nacional. En Canadá, en el 2005, el total de los empleos directos alcanzaron más de 388,000 trabajadores ó 2.4% de la cifra total de empleo de Canadá. La minería se lleva a cabo en las diez provincias y en los tres territorios, pero 70% de la producción total se lleva a cabo en las provincias de Ontario, Columbia Británica, Québec y Saskatchewan. Durante ese mismo año, se emplearon a 363,497 mineros en 14,885 minas en los Estados Unidos. Más de un tercio de los mineros fueron contratados para trabajar en las 2,113 minas de carbón, que se encuentran en 26 estados. Todos los 50 estados de la unión americana cuentan con una muy dinámica industria minera.

Con respecto a la producción total a nivel mundial, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en tres categorías de minerales principalmente: Plata, Fluorita y Bismuto. México se ubica entre los primeros 15 países mineros a nivel mundial en 20 minerales que se producen nacionalmente. En lo que respecta a Canadá, este país continúa siendo líder mundial en la producción de potasio y uranio; también ocupa en el tercer lugar en la producción de diamantes. Igualmente, Canadá está dentro de los cinco países principales en la producción de 12 categorías de minerales. En los Estados Unidos, la mayor parte de su producción comprende metales como el oro, cobre, acero, y no metales como la sal, el fosfato, piedra, arena y grava.

Una de las prioridades de la política laboral en México, Canadá y Estados Unidos es, sin duda, la prevención de riesgos de trabajo que pongan en peligro la integridad física de los trabajadores. Dado que la minería es una actividad de alto riesgo, los gobiernos comparten el interés por mejorar y garantizar la seguridad de los trabajadores de este sector. La elaboración e instrumentación de políticas públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo, que al mismo tiempo incentiven la productividad y la calidad en el sector, se traduce en el desarrollo de estrategias, acciones, programas y normas para garantizar el bienestar de los trabajadores.